Necesitamos conocimiento y organización colectiva para abordar la situación de la vivienda en Canarias. Esa es la principal conclusión que sacamos después de compartir el espacio de aprendizaje con la plataforma Derecho al Techo en el local de la AAVV San Gabriel del barrio de la Jurada en Carrizal.
Vecinas y vecinos, a título individual, en representación de colectivos o asociaciones vecinales tuvimos la oportunidad de compartir nuestras inquietudes y algunas certezas sobre como nos atraviesa, como comunidad y en nuestras familias, la falta de políticas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda, que garanticen un hogar a las personas.
Como pudiera ocurrir con cualquier otro tema que afecta directamente a nuestras vidas, hay leyes, ordenanzas, convenios que garantizan nuestros derechos, pero rara vez se cumplen y además, aprovechan el desconocimiento que tenemos al respecto.
Durante la mañana nombramos la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. que leyéndola directamente en el BOE, nos damos cuenta que se ha actualizado en varias ocasiones, en su Preámbulo comienza diciendo “La Constitución española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.”
También se dio a conocer al grupo la existencia del Convenio de colaboración entre la FECAM (Federación Canarias de municipios), el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias para la adopción de medidas ante los juicios por desahucio. Que habla sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria, entre las partes.
En este documento se reconoce, en su punto “Sexto.- Que en el último decenio se han aprobado numerosas normas que contenían medidas dirigidas a proteger a las personas y/o familias que, por motivos económicos, laborales o de otra índole, se veían inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria o de desahucio con el consiguiente riesgo de perder las viviendas en las que residían y de caer en una situación de exclusión social.”
O en su punto “Séptimo.– Que el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, adoptó un acuerdo que aprobó el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Entre los objetivos de dicho Plan, cuya ejecución corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), está consolidar el programa Canarias Pro-Hogar, que contempla servicios y acciones destinados al asesoramiento y paralización de lanzamiento y/o desahucios que afecten a las familias ente el impago de rentas o cuotas hipotecarias con la creación de una bolsa de viviendas suficiente en aras a ofrecer soluciones habitacionales temporales”
Todo ello deja claro que los poderes públicos tienen conocimiento de la situación de las familias en nuestra Comunidad y que pretenden ofrecer alguna solución. También aparece la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio, con una serie de funciones bien detalladas, así como la vigencia del convenio, cuya validez será de 4 años a partir de la firma del mismo, el 7 de julio de 2023, de lo que deducimos que está en vigor actualmente, pero…. ¿estará en funcionamiento? Lo ponemos en duda.
En realidad nos surgen varias dudas: si la Federación de Municipios ha firmado este Convenio ¿los municipios deben cumplir con los compromisos descritos? Entendemos que sí, aunque deberán adherirse. Esto nos lleva a otra cuestión, de entre los 88 municipios del archipiélago de Canarias ¿Cuántos se habrán adherido?. Una vez firmada la adhesión, si no se cumplen estos compromisos ¿la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio interviene? ¿sí? ¿de que manera? ¿Que pasaría si los juzgados no cumplen con su compromiso? ¿y si el Gobierno de Canarias no cumple con su compromiso? ¿Que pasaría?
Dejamos estas preguntas en abierto, seguiremos observando y profundizando en el conocimiento, acompañando cuando sea necesario y tejiendo redes de apoyo mutuo. Puedes echar un vistazo a la ley y al convenio a través de los enlaces, compártelo con quien quieras, es necesario socializar la información.
Esta semana en nuestro municipio está previsto un desahucio de una familia con seis menores y de momento, ninguna parte de las firmantes en este Convenio ha dado solución, ni los juzgados, ni el Gobierno de Canarias, ni el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Exigimos soluciones urgentes, el derecho a la vivienda deben garantizarlo las administraciones y a la vista está que no mueven un dedo para ello, solo crean y firman documentos que quedan olvidados en cajones, sin medidas, sin acciones, sin recurso económico que garantice que se cumplan. Mientras la vida transcurre desde la incertidumbre hacia la angustia y el desespero en muchas familias de nuestras islas.
Agradecemos el compromiso y el trabajo de Derecho al Techo, al que nos sumamos, también damos las gracias a la AAVV San Gabriel por cedernos el local para este encuentro.
#DerechoATecho
